PSE y PP obstaculizan la reserva de contratos públicos a empresas de inserción

El Parlamento Vasco ha debatido hoy la proposición no de ley de Aralar para establecer criterios sociales en la contratación que realiza la administración. En concreto, “reservar un cupo de contratación expresamente para los centros especiales de empleo de personas con discapacidad, o para las empresas de inserción”, ha explicado el parlamentario de Aralar Dani Maeztu. “Proponemos pasar de una política paliativa que gira en torno al despliegue de ayudas económicas, a una política preventiva que gira en torno a la creación de empleo”, ha subrayado el parlamentario, “cuanto más inserción laboral se consiga, se destinará menos dinero a garantizar los ingresos mínimos de las personas”, ha añadido. Maeztu ha recordado que la administración “puede crear, potencialmente, gran cantidad de empleos”.

En el debate Maeztu ha puesto algunos ejemplos para recalcar la importancia de esta cuestión: “Por ejemplo, en el Plan Vasco de Inclusión se toma como eje de trabajo la contratación con empresas de inserción; o en Lanbide, se recoge como línea de actuación. Pero la realidad es distinta, porque uno de los organismos con más capacidad de contratación, la administración, sólo supone el 17% del total de contratos que firman estas empresas de inserción”, ha explicado el parlamentario. En la enmienda que han apoyado hoy el PSE y PP “quieren rebajar el carácter de la resolución a un plan, y eso supone devaluar su valor, es dar un paso atrás, porque un plan no obliga a que algo sea cumplido; por lo tanto, se quedan en un nivel teórico, teniendo en cuenta que desde el 2008 no se ha avanzado en este asunto en el aspecto práctico”. En la votación, las enmiendas de transacción que han firmado Aralar y PNV por un lado, y PSE y PP por otro, han empatado en votos. La semana que viene se repetirá la votación y previsiblemente será aprobada la de los partidos que sostienen el gobierno.

Maeztu ha reprochado al PSE “falta de compromiso” y al gobierno “la evidente dificultad que tiene de pasar de las palabras a los hechos”. Lo que aprobarán el PSE y el PP “es un paso atrás”, ha calificado. En el 2007 el Parlamento Vasco aprobó una proposición sobre esta cuestión que supuso un primer paso, y un año más tarde el Gobierno Vasco publicó una resolución al respecto. En la resolución del 2008 se recogía que la administración debería incluir “criterios sociales y medioambientales” en sus contrataciones. “Por lo tanto, si en 2007 se logró el consenso en esta materia y desde el 2008 tenemos el marco normativo, no es admisible que tengamos que esperar hasta el 2012 para tener un plan”, ha denunciado el parlamentario.

Teniendo en cuenta que la semana que viene se repetirá la votación, Aralar ha pedido al PSE y PP que se replanteen el sentido de su voto.