Aralar hace balance junto a activistas colombianos de la misión parlamentaria sobre los DDHH en Colombia

El parlamentario de Aralar Mikel Basabe participó en una misión parlamentaria del Estado Español para analizar la situación de los derechos humanos en Colombia y las mujeres sindicalistas. La visita se realizó del 23 al 30 de enero, y Basabe ha comparecido ante los medios de comunicación junto a activistas de otras organizaciones en el Parlamento Vasco, para hacer públicas algunas conclusiones de la comisión.

Mikel Basabe ha relatado su experiencia y ha explicado algunas conclusiones: “Estuvimos con mucha gente con visiones contrapuestas; la sensación es de injusticia social profunda, de impunidad inmensa; una sensación de que la población civil es la víctima de un conflicto interno armado, donde la población civil es criminalizada por parte de los aparatos del estado que puede tener unas consecuencias muy graves”. “Un país que quiere vivir en paz y democracia no debería de permitirlo”, ha sentenciado.

El activista Luis Nieto en representación de Paz con Dignidad ha afirmado que los informes de organizaciones independientes confirman “que cada día sigue habiendo asesinatos, persecución de sindicalistas, desapariciones de jóvenes, amedrentamiento de periodistas”. A modo de protesta, ha animado a los ciudadanos y ciudadanas a que acudan al teatro Arriaga este sábado 6 de marzo a las siete de la tarde, convocados por el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado, en memoria de las víctimas y por el fin de la impunidad en Colombia.

Además de la presencia de Aralar, también tuvieron representación en el país latinoamericano los partidos PSC, Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa Catalana, Izquierda Unida y Eivissa pel Canvi. Las personas que participaron en la Misión, y las organizaciones que trabajan en solidaridad con el pueblo de Colombia han redactado las siguientes propuestas, “por el fin de la violencia y la impunidad”:

1.- Instar a las partes en conflicto a cumplir las resoluciones emitidas por la ONU en relación al conflicto colombiano y a buscar una solución negociada del conflicto armado interno.

2.- Instar al Gobierno colombiano a reconocer públicamente la existencia de un conflicto armado interno, a cumplir con su obligación de observar y defender la ley, de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y a garantizar a todas las víctimas la justicia y la reparación.

3.- Incorporar la discusión sobre la situación de los DD. HH. en el diálogo bilateral entre los gobiernos colombiano y español.

4.- Vincular la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea al respeto de los DD. HH. en este país.

5.- Comprometer a las partes en conflicto (fuerzas armadas, paramilitares y guerrilla) a no involucrar a la población civil en el conflicto, y al gobierno y las fuerzas insurgentes a propiciar el intercambio humanitario y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

6.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto y garantía del legítimo trabajo desarrollado por los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales: sindicalistas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, estudiantes y periodistas.

7.- Solicitar al Gobierno colombiano el respeto de la autonomía reconocida de los pueblos indígenas a través del reconocimiento de la autoridad de los cabildos, asegurándoles un presupuesto suficiente para sus programas de salud, producción, educación y medio ambiente.

8.- Comprometer a la comunidad internacional y a España, en particular, en la necesidad de vincular la cooperación al desarrollo con Colombia al respeto y promoción de los derechos humanos, la paz y la cohesión socio-económica y cultural del país.

9.- Comprometer al Gobierno colombiano en el respeto del principio de independencia del poder judicial.

10.- Comprometer al Gobierno colombiano en un auténtico y efectivo proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto.

11.- Comprometer al Gobierno colombiano en el desarrollo de políticas que eviten los desplazamientos forzados de la población y palien la situación de las personas desplazadas.