Ezenarro ha recordado que la mayoría del Parlamento, en contra de lo aprobado hoy, apoya una flexibilización de la política penitenciaria; incluso el lehendakari se ha mostrado a favor". "Por lo que no entendemos que el grupo que sostiene el gobierno apoye una iniciativa que insiste en mantener la doctrina Parot, que es lo que conlleva lo aprobado hoy", ha subrayado Ezenarro. "Nuestro reto a futuro es construir la hoja de ruta para alcanzar una convivencia organizada, ordenada, y eso también exige una acuerdo nacional sobre la política penitenciaria". En ese sentido, Ezenarro ha recordado que hoy mismo ha habido otra detención porque sigue en vigor la doctrina Parot.

En cuanto a las víctimas de ETA, Ezenarro ha afirmado que "todas las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria, pero no por ello tienen la razón política, no tiene derecho a marcar la hoja de ruta a seguir  en este país para construir la convivencia. Somos nosotros quienes vamos a tener que marcar el cambio político en este país".

Ezenarro, interpelará mañana al lehendakari López sobre la su hoja de ruta para ir construyendo la convivencia en este país.

De hecho, en opinión del parlamentario, “la modificación de ley aprobada hoy va en contra del uso normalizado del euskera, porque se ha eliminado el derecho de la ciudadanía de ser atendido en euskera en los grandes centros comerciales”.Así mismo, “la decisión del grupo socialista va en contra de la proclama del lehendakari López de ‘euskera en libertad’. Por no perder comba ante UPyD y PP, los socialistas defendéis una decisión apoyada, por lo menos, en tres mentiras”, ha expuesto Basabe.

“No es suficiente con que no haya prohibiciones; es imprescindible que quien habla, al igual que su interlocutor, sepa hablarlo, de lo contrario, es imposible hablar en euskera; y eso era lo que buscaba esta ley, que habéis decidido cambiar: poder hablar en euskera. Pero habéis decidido ir en contra de ese derecho”.

“Si algo ha quedado claro hoy es que son el PP y UPyD quienes marcan la política lingüística del partido socialista; esperemos que, cuando menos, la consejera de Cultura apoye el uso normalizado del euskera”, ha añadido Basabe, dirigiéndose a la consejera Urgell, presente en el pleno del Parlamento Vasco.

El parlamentario de Aralar Mikel Basabe se ha congratulado por el acuerdo logrado y “por el debate que sí ha habido durante esta ponencia”, ha recalcado. Basabe ha querido subrayar que “había una situación de privilegio para los exconsejeros y exviceconsejeros que va a tocar a su fin”. También se ha mostrado tenaz para “no cejar en el intento de eliminar aquellos otros privilegios que pudieran tener aquellos que tras haber estado en política, vuelvan, por ejemplo, a la función pública”.

Cabe destacar que Aralar se ha opuesto a uno de los puntos que han transado PNV y PSE, que permite que los exconsejeros que hayan cumplido 60 años a la entrada en vigor del cambio de ley (que aún no se ha dado), igualar su pensión de jubilación a la máxima de la seguridad social.

El acuerdo logrado hoy ha llegado gracias a la propuesta que Aralar realizó al principio de la legislatura. Concretamente, la iniciativa se presentó en febrero de 2010.

En el Parlamento Vasco, con el objetivo de respetar el derecho a la huelga que los trabajadores de la cámara tienen, Aralar no ha presentado ninguna iniciativa para que sea debatida en el pleno de hoy.

Las movilizaciones de hoy tendrán continuación en las manifestaciones que este sábado se llevarán a cabo en cada capital vasca, y en la manifestación que convocaron para el 25 de febrero los movimientos sociales, los sindicatos y los partidos.

En opinión de Rebeka Ubera hay que plantearse de forma seria que Euskal Herria no puede estar atada al estado español durante mucho tiempo. “Necesitamos un estado propio dentro de Europa. La crisis ha puesto de manifiesto las diferencias que existen entre las economías de Euskal Herria y del estado español: la tasa del paro y el Salario Mínimo Interprofesional”.

“En el caso del SMI si tenemos en cuenta que los sueldos de la CAV son los más altos a nivel del estado, alcanzando el sueldo medio 2.150 euros, y que la Carta Social europea establece que el SMI no puede ser menos que el 60% del sueldo medio, no hay más que hacer los cálculos”, ha subrayado la representante de Aralar.

Ubera ha comparado la congelación del SMI y lo que está sucediendo con los responsables de las entidades financieras. “Mientras se congela los Sueldos Mínimos Interprofesionales que están en 641 euros mensuales, los responsables de las entidades financieras intervenidas cobrarán 300.000 euros anuales y los de las que han recibido ayudas públicas 600.000 euros”.

Hemos hablado ya muchas veces de aumentar la cobertura social para todas aquellas personas que están viviendo de una manera más cruda las consecuencias de la grave crisis socioeconómica que estamos padeciendo. Y hoy queremos hablar de una de las consecuencias más dramáticas de la crisis: los desahucios. En la mayoría de los casos por el cambio de la situación económica provocada por la perdida de empleo y de ingresos, el número de familias que no pueden pagar su vivienda ha aumentado de una manera alarmante. Desde el 2007, desde que empezaron a sentirse las consecuencias de la crisis, en Hego Euskal Herria se han llevado a cabo más de 7.000 desahucios, 133% más que en el mismo periodo anterior.

Pero más allá de esas preocupantes cifras, existe un drama humano que se esconde detrás de esos simples números, porque son más de 7.000 las familias que se han quedado sin vivienda, en la calle. Ante ello, nos encontramos con unas entidades financieras que dan la espalda a esa realidad. Las administraciones públicas tienen como casi única obsesión el control del déficit público, y casi la totalidad de las medidas que se están adoptando tienen ese objetivo. Se han olvidado de las ciudadanas y ciudadanos que problemas realmente graves, cuando tiene que ser la ciudadanía el centro de acción de todas las actividades socio-económicas de una administración, y desde un punto de vista social, las personas que están viviendo una peor situación.

Por todo ello, desde Aralar hemos decidido tomar la iniciativa y estamos presentando varias propuestas en diferentes instituciones encaminadas a paliar las graves consecuencias originadas por los desahucios. Ya os anunciamos la semana pasada que mediante Nafarroa Bai hemos presentado en el Parlamento de Navarra una propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y otras normas, y que mediante nuestra propuesta instamos al Parlamento de Navarra a que presente las modificaciones de ley citadas en el Congreso español, que es al que corresponde cambiar esas leyes. Esa misma propuesta la presentaremos los próximos días en el Parlamento Vasco. Si existe voluntad política, y sólo con el cambio de esas leyes, se puede paliar mucho el problema de los desahucios.

Hoy os queremos anunciar una nueva iniciativa, ya que presentaremos en los ayuntamientos mociones en las que solicitamos a las entidades financieras que pongan fin a la política de desahucios que están aplicando.

A todo el suelo clasificado como urbanizable se le ha dado un valor demasiado alto de manera artificial, que han sido comprados por promotoras, valiéndose para ello de créditos dados al 100% por las entidades financieras. Y tanto unas como las otras han adecuado sus balances mediante el valor ficticio de esos activos. Pero sólo un tercio de esos activos financieros tóxicos (el suelo real que se necesita) vale lo que dice en los balances. Por todo ello, casi ninguna entidad financiera supera el test de estrés, porque otorga una reducción de un 40% a todos los activos inmobiliarios.

El cambio o congelación de la clasificación del suelo necesita de un cambio profundo en todas las leyes que tienen relación con el urbanismo (Ley 2/2006), pero sería compatible con la legislación del Estado (texto refundido del Real Decreto 2/2008). Asimismo, conllevaría el cambio del modelo de organización territorial vigente para eliminar los coeficientes no justificados de la oferta de suelo (porque son esos coeficientes los que justifican que se multiplique que por tres la oferta de suelo).

El de la vivienda es derecho básico, al igual que todo ciudadano o ciudadana tenga derecho, hasta judicialmente, de tener acceso a una vivienda de alquiler o en propiedad. Además, mediante la vivienda se logra la cohesión social, evitando situaciones de exclusión que pueden padecer muchas personas.

Desde Aralar consideramos prioritario cortar el nivel de endeudamiento que tiene la ciudadanía con las entidades financieras, porque durante años se han dado créditos de mucho riesgo, en muchos casos sin la toda la información pertinente y sin tener en cuenta las consecuencias del endeudamiento.

La puesta en práctica del derecho subjetivo de la vivienda no será creíble ni viable si no se cambian las Leyes del Suelo y si las entidades financieras no terminan con las líneas de crédito y de hipotecas, con las cancelaciones especulativas de las deudas y con las consecuencias de las mismas, que no son otras que los desahucios.

Las entidades financieras que están aplicando los desahucios en Gipuzkoa deben dejar a un lado esa política, porque existen alternativas para hacer frente a la deuda. Por todo ello, y mediante las mociones que presentaremos, solicitamos a las entidades financieras que pongan fin a la política de desahucios que vienen aplicando a las personas que no pueden hacer frente a las hipotecas de sus viviendas. Asimismo, solicitamos a las entidades financieras que la cesión de la vivienda de aplique en concepto de pago y, por último, que posibiliten que con la recompra de la vivienda se de paso al alquiler, para dar salida a las personas a las que se les ha ejecutado la hipoteca y para que la entidad financiera pueda saldar la deuda contraída mediante el pago del alquiler.

Con el caso de Portu y Sarasola se ha evidenciado que en el Estado español existen dos varas de medir. Por ello, considera fundamental el que se reivindiquen y se defiendan todos los derechos humanos para todas las personas ante cualquier caso de vulneración de derechos, porque sólo entonces se conseguirá una paz verdadera y definitiva y superar las consecuencias del conflicto.

Sin embargo, el gobierno no ha aceptado la petición de Aralar para que las Comisiones Locales de Escolarización garanticen una distribución más equitativo del alumnado inmigrante entre la red pública y la concertada. Aralar ha criticado el aumento de la guetización del alumnado inmigrante dentro de la red pública, por lo que cree “imprescindible tomar serias medidas de cara a evitar que ningún colegio sume más del 75% del alumnado inmigrante”. Así mismo, y si aceptamos lo que el plan afirma, de que, la política lingüística es una herramienta necesaria para la socialización de la población inmigrante, es necesario impulsar el modelo D entre el alumnado inmigrante así como poner todos los medios necesarios para el aprendizaje del euskera”.

En lo referente al empleo, la portavoz de Aralar ha señalado en la comisión que es necesario promover la relación y la coordinación con Lanbide. “Todavía no se ha creado la “Unidad de Diversidad” dentro del servicio vasco de empleo y por tanto Lanbide no se ha adaptado al las necesidades de las personas inmigrantes”. En este sentido, Aralar ha presentado una propuesta de resolución para que se cree dicha unidad lo antes posible y se le dote de los medios adecuados. En la misma línea, ha solicitado “que se den pasos para dignificar la situación de las empleadas del hogar y del sector de cuidados en general”, desarrollando a través de Lanbide la intermediación laboral directa y prioritaria con el sector, o dando publicidad a los recientes cambios legales relativos a la seguridad social. “Se han dado pasos importantes en la lucha por la dignificación y por ello, las mujeres inmigrantes han de estar informadas para elevar su nivel de protección”.

Para terminar, Ezenarro ha remarcado dos grandes contradicciones que se observan en el plan. Por un lado, porque el III Plan de Inmigración, a pesar de no tener competencias directas, no realiza ninguna petición de retirar o propuesta de suavizar las consecuencias más graves de la vigente Ley de Inmigración. Y, por otro, Ezenarro, en lo referente a los recortes en las ayudas sociales recientemente aprobados, ha señalado que “en buena medida, son un ataque directo a las personas inmigrantes”, destacando, ente otros, el endurecimiento de las condiciones para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, o el límite de dos ayudas como máximo por vivienda.

Según las declaraciones del parlamentario Mikel Basabe, el tratamiento que recibe la religión católica “es totalmente discriminatorio”. “Es suficiente que uno de los alumnos de un centro público opte por la asignatura de religión para que el ritmo de todos los alumnos de ese ciclo se ralentice”, ha explicado Basabe. En su opinión, “se prioriza el derecho a aprender de un solo alumno por encima del resto”.

Asimismo, el parlamentario ha ahondado en esa “discriminación” con otro ejemplo: “es suficiente que un alumno del centro se matricule en religión para que el centro esté obligado a impartir la asignatura; sin embargo, hacen falta diez peticiones para que se imparta otra religión”. “A pesar de ello”, asegura Basabe, “hay colegios en la red pública que aún existiendo esas diez peticiones no se ha impartido la religión solicitada”.

Ante las quejas que los obispos han mostrado respecto a la decisión de EiTB, Basabe les ha recordado que “cuando citan el derecho que otorga la ley, deben subrayar el derecho que otorga la ley para la libertad de religión, porque en la ley que rige en EiTB se recoge el no hacer proselitismo con ninguna religión”.

Como ya conoceréis, Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba y la Izquierda Abertzale hemos convocado movilizaciones para el 11 de febrero, que se llevarán a cabo en Donostia, Bilbao, Gasteiz e Iruñea.

Las movilizaciones que tienen como lema “La respuesta en nuestras manos. La decisión en nuestras manos” tienen como objetivo dar una respuesta a los recortes y reformas que nos están imponiendo para hacer frente a esta crisis. Una respuesta que consideramos necesaria los cuatro partidos que hoy nos encontramos aquí.

Esta grave situación requiere una respuesta firme. Creemos que los agentes sociales, sindicales y políticos de este país, cada uno en su ámbito y a ser posible todos unidos, debemos hacer frente a la reforma neoliberal y al proceso de centralización que está en marcha.

Pero además de la respuesta que es totalmente necesaria, la dura realidad que estamos viviendo demuestra que también hace falta una nueva alternativa que tenga como base la soberanía política y económica y que marcará el camino a un nuevo modelo:

• Desde una perspectiva de país, debemos adecuar nuestras instituciones a los nuevos tiempos, situándolas al servicio de la ciudadanía. Y debemos colocar a los mercados bajo el control público. Debemos terminar con las viejas recetas neoliberales. Impulsando la inversión pública y social, se deben implementar medidas que tengan como objetivo la creación de empleo digno y social, manteniendo e incrementando al mismo tiempo la cobertura social.
• Se debe impulsar la economía real, y no el Sistema Financiero. Se deben fortalecer la agricultura, la pesca, la industria y los servicios rentables. Y como no, los servicios y ofertas públicas que se han conseguido mediante la lucha se deben proteger y fortalecer.
• El objetivo de la economía no puede ser, como lo ha sido las últimas décadas, un proceso que se desarrolla en beneficio de algunos pocos. Los intereses de las y los trabajadores y de la ciudadanía en general tienen que ser los puntos de partida y los objetivos. Para la conversión en un pueblo solidario y justo, se tienen que transformar sus cimientos, es decir, la fiscalidad, los agentes financieros públicos y las políticas de innovación e investigación, teniendo siempre como objetivo la justicia social, la generación de riqueza y el reparto de la misma.
• Queremos tener los mismos recursos que tienen los estados del mundo para poder hacer frente a la globalización, al proceso de mundialización de la economía y poder fijar nuestra política económica, fiscal, laboral o monetaria. En esa dirección, Euskal Herria debe construir y hacer respetar el ámbito marco socioeconómico y laboral vasco. Actuando como pueblo en Europa. Para priorizar la solidaridad entre pueblos es necesaria la soberanía.
• El marco jurídico vigente y las decisiones que adopta el Gobierno español nos ocasionan perjuicios económicos y sociales. La receta neoliberal de Rajoy está llevando a este pueblo a un agujero negro. Nuestra lucha no está encaminada únicamente a la obtención de unos derechos identitarios, sino a la creación de herramientas para poder responder a las necesidades de la ciudadanía; y para ello, nos es fundamental la soberanía.
• Euskal Herria necesita herramientas en los ámbitos económico, laboral o fiscal para implementar otro tipo de políticas. Tenemos la necesidad de una Entidad de Crédito Pública estatal para impulsar la economía de producción, para ayudar a las PYMES, ayudar a la industria, proteger a los autónomos y abastecer las necesidades básicas de las familias. Una institución financiera que anteponga la función social a la economicista. Necesitamos una Hacienda General para toda Euskal Herria para poder aplicar una fiscalidad progresista y progresiva, porque sólo desde unas instituciones y perspectiva nacionales se pueden implementar políticas nacionales. Y debemos actuar con la misma perspectiva en el ámbito del empleo y de la seguridad social. Necesitamos nuestro propio marco si queremos cambiar el modelo, y para ello nos es necesario la creación el Régimen Público Vasco de la Seguridad Social.
• Tenemos que terminar con el modelo de crecimiento que consume sin límite los recursos naturales. La sostenibilidad no es una marca verde que se utiliza en las políticas públicas, sino la reivindicación de un modelo que consume menos recursos naturales para poder vivir mejor.

Porque este pueblo tiene sus propios recursos, porque es un pueblo vivo y activo, porque tenemos un mundo sindical fuerte, porque tenemos un sector industrial competitivo, porque tenemos formación, porque tenemos una iniciativa empresarial fuerte y un mundo cooperativo audaz, porque sabemos exportar… este pueblo está preparado para la soberanía.

Y queremos y necesitamos la soberanía económica para crear un modelo social y alternativo.

Con esos objetivos, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía y a los agentes a salir a la calle. Para decir basta a las medidas que están aplicando y para reivindicar otro modelo social y económico fundamentado en la soberanía política y económica.

Para ello, convocamos a toda la ciudadanía a participar el próximo sábado en las movilizaciones que se llevarán a cabo en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria bajo el lema “La respuesta en nuestras manos. La decisión en nuestras manos”, a favor de la transformación social.

Centrándose en el Gobierno Vasco, el coordinador general de Aralar cree que “el apoyo por parte del PP va a ser menguante y más aun en la medida que el PSOE en Madrid haga algún grado de oposición. Su promesa de cumplir la legislatura le va a venir cada vez más difícil. A mitad de año, por verano, esta situación tenderá a eclosionar. Vaticino que va a haber movimientos electorales no a corto plazo pero sí a medio plazo”.

Por otro lado, Patxi Zabaleta ha acusado de actitud “poco responsable” al Gobierno español por no querer recibir al Grupo Internacional de Contacto. “El Gobierno español está mirando al trabajo de la Grupo Internacional de Contacto para no tener consecuencias políticas. Si tuviese preocupación por el tema del desarme naturalmente tendría una solución sencillísima: recibir a esas personas que solamente tienen un objetivo, que es verificar que ese desarme se puede producir y se está produciendo o se producirá. Un gobierno que no accede a esa verificación es que no quiere la verificación”. De todas maneras, Zabaleta ha insistido que “el hecho trascendental es el abandono de las vías armadas y el cumplimiento de ese cese”.

Aralar les ha hecho llegar su voluntad y actitud de hacer todo lo que esté en su mano, y les ha señalado la conveniencia de encauzar en el plazo más breve posible el diálogo entre partidos, utilizando para ello la fórmula más integradora posible.

Asimismo, Aralar ha recordado a los representantes del GIC que la mesa de partidos que servirá para encauzar el diálogo, no puede crearse dentro del Parlamento Vasco. Por un lado, porque en el mismo no están representados todos los partidos políticos de Euskal Herria, y por otro lado, porque los agentes políticos de Nafarroa e Ipar Euskal Herria quedarían fuera de esa mesa de partidos. Y eso, sin lugar a dudas, sería perjudicial para la superación del conflicto político de Euskal Herria.

Aralar considera que la mesa de partidos que se debe crear debe estar compuesto por todos los agentes políticos de Euskal Herria y, por lo tanto, planteada fuera del ámbito institucional. Si queremos una paz duradera, es necesario que construíamos la paz entre todos. Siguiendo lo dictado en la hoja de ruta que supone el Acuerdo de Gernika, compartiendo e impulsando el proceso con toda la ciudadanía. Porque también hay que contar con toda la ciudadanía para poner en práctica el derecho a decidir. Con la participación de todos y de todas, porque la sociedad es plural, y porque la pluralidad es la única riqueza y futuro de un pueblo; sin ningún tipo de discriminación.